Así lo ha puesto de relieve el CERMI Estatal en el documento ‘Atención temprana. Por el derecho primordial de la infancia a la salud y a su pleno desarrollo’, que ha aprobado este jueves la entidad durante la reunión de su Comité Ejecutivo.

 

El documento político apoya sus argumentos en favor de la atención temprana con diferentes estudios e informes, como el ‘Libro Blanco de Atención Temprana’, y en mandatos legales como los que emanan de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad; la Estrategia Europea 2020 sobre Discapacidad; la propia Constitución Española, y la Ley de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social del año 2013.

 

Como ejemplo, la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a los estados que han ratificado dicho tratado a “proporcionar los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, teniendo en cuenta los niños y las niñas y las personas mayores”.

 

Pese a las evidencias científicas y a las obligaciones legales, diferentes estudios, como el realizado en 2013 por la Federación Estatal de Profesionales de Atención Temprana, han denunciado la baja cobertura de estos servicios. Según el trabajo de la citada organización, la población atendida en España por los diversos servicios de atención temprana era de 46.309 menores (el 1,35% de la población en esa franja de edad). 

 

Sin embargo, la población diana, según ese mismo estudio, debería cubrir un 10,25% de la infancia en esa etapa vital, por lo que se estaba produciendo un nivel de cobertura inferior al 15%. Además, las comunidades autónomas que tienen algún tipo de regulación de estos servicios cuentan con leyes de los años 80 o 90.

 

 

Ante este escenario, el Comité Ejecutivo de la plataforma representativa de la discapacidad en España reclama que la atención temprana sea un derecho universal de toda la infancia con alteraciones del desarrollo o riesgo de padecerlas independientemente del apoyo requerido, en el marco de un modelo avanzado de respuesta que se caracterice por la calidad de la atención, la adaptación de los apoyos a las necesidades del niño o niña y de su familia, y por una garantía pública de recursos y medios para su plena universalización. 

 

Además, debe garantizarse una perspectiva de género, para atender las necesidades específicas de las niñas con discapacidad, al tiempo que se debe trabajar para que la atención llegue con la misma intensidad a las zonas rurales.

 

Por todo ello, es fundamental la aprobación de una Ley Orgánica de universalización de la Atención Temprana y el Apoyo al Desarrollo Infantil, que sirva para diseñar protocolos de actuación, que se adecue a las obligaciones legales tanto nacionales como internacionales y que establezca unos servicios mínimos en todo el Estado español. A juicio del CERMI, es necesario también crear organismos sobre atención temprana en los que trabajen conjuntamente las diferentes administraciones y las organizaciones del ámbito de la infancia y de la discapacidad.

 

Entre las demandas planteadas está también la de sentar las bases de una financiación suficiente de los servicios de atención temprana, tanto por parte de las comunidades como por la administración general del Estado; reforzar la evaluación de la atención para mejorar la calidad de los servicios; dar un papel fundamental a las familias y atender a sus necesidades; apostar por la investigación con fórmulas como la creación de la Sociedad Científica Española de la Atención Temprana y el Desarrollo Infantil, o la mejora constante de la formación de los profesionales que trabajan en el campo de la atención temprana.

 

“Desde el CERMI nos comprometemos a defender los derechos de la infancia en su acceso a estos servicios, a través de todas las vías a nuestro alcance y procediendo al litigio estratégico cuando sea la vía más adecuada. En suma, en base a estas reivindicaciones y propuestas, propugnamos una profunda transformación social e institucional que nos permita construir un futuro próximo en el que la infancia en situación de alteraciones del desarrollo o riesgo de padecerlas disponga de todos los recursos necesarios para su pleno desarrollo, autonomía y salud”, remacha el documento político aprobado por el Comité Ejecutivo del CERMI.